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La afirmación de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, de que no recibió una deuda millonaria heredada por la administración de Cuitláhuac García Jiménez, no resiste el mínimo contraste con los datos oficiales y los informes de auditoría pública.
Lejos de tratarse de una “nota falsa”, las cifras documentadas exhiben una realidad financiera que contradice directamente su discurso.
LA DEUDA EXISTÍA Y ESTABA REGISTRADA
Al cierre del ejercicio fiscal 2024, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) reportó una deuda pública estatal de 51 mil 276 millones de pesos, cifra que fue presentada formalmente ante el Congreso local y que constituye un dato auditado, verificable y oficial.
Negar la existencia de una deuda de ese tamaño no es un asunto menor ni semántico: 51 mil millones de pesos representan una carga financiera considerable, con impacto directo en la capacidad operativa del estado y en el ejercicio presupuestal de la nueva administración.
LA CONTRADICCIÓN DEL DISCURSO OFICIAL
La propia gobernadora ha sostenido versiones contradictorias. Por un lado, niega haber recibido una deuda heredada; por otro, reconoce públicamente que recibió 50 mil millones de pesos de deuda bancaria, afirmando incluso que el exgobernador Cuitláhuac García “pagó cerca de 20 mil millones”.
Ambas afirmaciones no pueden coexistir sin una contradicción evidente: si había 50 mil millones de deuda bancaria al inicio de su gestión, entonces sí hubo deuda heredada.
Negarlo es falsear la narrativa frente a los propios números del gobierno estatal.
LOS 119 MIL MILLONES: UNA CIFRA SIN RESPALDO AUDITOR
La administración de Rocío Nahle ha difundido que recibió una deuda total de 119 mil 388 millones de pesos, cifra que supuestamente se habría reducido a poco más de 69 mil millones en su primer año.
Sin embargo, esa cifra de 119 mil millones no coincide con los registros del ORFIS ni con los reportes homologados de deuda pública, que sitúan la deuda real en poco más de 51 mil millones al cierre de 2024.
La diferencia de casi 68 mil millones de pesos entre lo que reportan los auditores y lo que sostiene el discurso oficial no ha sido explicada con claridad, ni se ha presentado una conciliación pública que justifique ese desfase.
REDUCCIÓN CONTABLE NO ES LO MISMO QUE PAGO REAL
Otro punto clave que el discurso gubernamental omite es que una parte significativa de la supuesta reducción de deuda no corresponde a pagos efectivos, sino a reclasificaciones contables, ajustes administrativos y regularización de pasivos fiscales con instancias como el SAT o el ISSSTE.
Esto significa que la disminución anunciada no puede atribuirse íntegramente a una mejora financiera real, sino también a cambios en la forma de registrar obligaciones preexistentes.
LOS DATOS DUROS
– Deuda pública de Veracruz al cierre de 2024 (ORFIS): 51,276 millones de pesos
– Deuda bancaria reconocida por la propia gobernadora al inicio de su gestión: 50 mil millones de pesos
– Diferencia no aclarada entre cifras oficiales y auditorías: casi 68 mil millones de pesos
– Falta de conciliación pública entre SEFIPLAN y órganos fiscalizadores independientes
La afirmación de Rocío Nahle de que “no le heredaron deuda” es insostenible frente a los datos oficiales.
Los registros de auditoría, las cifras reconocidas por su propio gobierno y las inconsistencias en su discurso revelan una narrativa política que no coincide con la realidad financiera documentada del estado.
Negar la deuda no la desaparece.
Y los números, a diferencia del discurso, no mienten.